Recientemente en la Comunitat Valenciana se ha publicado la Ley 18/2018, de 13 de julio, de la Generalitat, para el fomento de la responsabilidad social en la Comunitat Valenciana.
No es la primera vez que asociamos la mediación a la responsabilidad social (1). Desde el Foro, consideramos que la mediación, como método de gestión de controversias, puede aportar mucho para el avance de la responsabilidad social.
Rescatamos del texto de la ley un párrafo que lo evidencia y recuperamos enlaces a otras Entradas en las que hemos abordado esta temática.
La ley en Titulo III, artículo 21 de su apartado de la responsabilidad social en las entidades valencianas, dice:
"A los efectos de esta ley, se considerarán entidades valencianas
socialmente responsables aquellos trabajadores y trabajadoras autónomos,
empresas y todo tipo de organizaciones públicas y privadas que,
calificadas de conformidad con el procedimiento previsto en esta ley y
su desarrollo reglamentario, además del cumplimiento estricto de las
obligaciones legales vigentes, hayan adoptado la integración voluntaria
en su gobierno, gestión y en su estrategia empresarial de los valores
siguientes, de acuerdo a la materialidad y especificidad de la entidad:
a) Aspectos éticos: mediante su plasmación en un código ético o instrumento
análogo que refleje el compromiso de la entidad con el buen
gobierno corporativo. Se incluirán programas de observancia (compliance),
y se valorará, entre otros aspectos, la existencia de portales de
transparencia y de mecanismos internos de integridad;... la adopción de protocolos e instrumentos para garantizar
el cumplimiento del principio de transparencia en la contratación,
o la adhesión a mecanismos de resolución arbitral o por mediación de
conflictos surgidos con personas consumidoras y clientela.
(1). Responsabilidad social: conjunto de compromisos voluntarios de
diverso orden económico, social, ambiental y de buen gobierno adoptados
por las empresas, las organizaciones e instituciones públicas y
privadas, que constituyen un valor añadido al cumplimiento de la legislación
aplicable y de los convenios colectivos, contribuyendo a la vez
al progreso social y económico en el marco de un desarrollo sostenible.
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