El proceso para alcanzar un Acuerdo en temas relativos a los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental (democracia ambiental) en Iberoámerica se inició en 2012, con la Declaración sobre la aplicación del Pricipio10 de la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo.
Seis años después y amplias negociaciones culminaron el pasado domingo 4 de Marzo en el denominado Acuerdo de Escazú suscrito por 24 países iberoamericanos. La coordinación de este largo proceso ha recaído en la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y Caribe), y su Secretaria ejecutiva, Alicia Bárcena, manifestaba el pasado domingo: “Este acuerdo es el único que existe en el mundo que tiene carácter vinculante y que tiene una disposición específica para la protección y la defensa de los defensores de los derechos humanos y esto lo hacemos en memoria de todos lo que han trabajado para defender nuestro medio ambiente”.
El camino no ha sido fácil y muchas resistencias han procedido de países como México y Colombia en temas como:
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En ocasiones anteriores hemos abordado esta temática en el Blog de Mediacciona. Para nosotras, lo importante viene ahora. Pese a su importante significado, lo fundamental no es la suscripción de Acuerdos por parte de los gobiernos, sino el apropiamiento que la ciudadanía haga de los derechos recogidos en los Acuerdos, de la voluntad política (país a país, región a región, localidad a localidad) en su verdadera implementación y por último en la capacidad de las administraciones para ir integrando estos derechos en el día a día de la vida pública.
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