-No
se pretende sustituir a los Tribunales de Justicia en caso de delito
medioambiental.
-No
se trata de evitar responsabilidades a la Administración Pública o
a organismos públicos implicados en conflictos medioambientales.
-No
se pretende debilitar la iniciativa ciudadana en sus expresiones de
descontento o desacuerdo.
- No
se plantea sustituir modelos eficaces, culturalmente reconocidos, de
abordaje de conflictos en forma pacífica.
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