Podemos
decir que es costosísimo mantener conflictos en estado latente. Investigadores y estudiosos de la tematica así lo manifientan.
Y son muchas las razones que podemos argumentar. Hoy enunciamos algunas:
No
prever un proceso de participación ciudadana antes de iniciar planes
y proyectos con fuerte impacto. Sólo tenemos que
mencionar el actualisimo conflicto en el Barrio Gamonal en Burgos.
No
escuchar a una población manifiestamente opuesta a un plan, es lo que
la Asociación de Camí Vell denuncia con respecto al PGOU de Peñíscola.
No
dar respuesta en tiempo y forma a problemáticas que se han ido
arrastrando en el tiempo; es lo que, por ejemplo, ha llevado a la Comarca de la Ribera a no tener acceso al agua potable.
Y
algunas muestras de conflictos condenados a perpetuarse en el tiempo porque sólo
se ha vislumbrado la vía judicial para abordarlos:
El Plan integral de residuos de la Comunitat Valenciana está en los
Tribunales (Tribunal Superior de Justicia). ¿Y los residuos?
Nulidad del Plan de Zona de Actuaciones Logísticas ZAL. ¿Y los antiguos propietarios y productores de la zona?
Volvemos al inicio, ¿cuánto cuesta no gestionar o gestionar mal un conflicto ambiental?
Estos ejemplos nos muestran que tenemos fundadas razones para plantear la pertinencia y necesidad de construir nuevos modelos de abordaje de los conflictos ambientales.
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