Hace un año impartimos un curso en el Centro de Documentación y Recursos Ambientales de Cantabria, CEDREAC. En estos enlaces podéis acceder al programa y algunos comentarios sobre el mismo: Los conflictos socioambientales y su abordaje desde la mediación.
Tal y como explicábamos en la introducción al curso "nos planteamos ofrecer tanto el marco teórico (legislación y normativa) vigente, como propiciar ejercicios prácticos que permitan trabajar los conflictos desde la mediabilidad de los mismos, y hacer un repaso a los aspectos clave que construyen a un profesional de la mediación en materia ambiental, sus oportunidades y desafíos", hicimos ejercicios prácticos sobre un conflicto que por esas fechas (mayo 2017) centraba las portadas de los periódicos:
A través de este conflicto analizamos el contexto, la información, las partes, los aspectos mediables y los difícilmente mediables. Trabajamos, sobre todo, aquellos aspectos sobre los que considerábamos posible alcanzar acuerdos, en aquellos aspectos de libre disposición.
Un año después compartimos esta noticia editada en la publicación de AJA, Actualidad Jurídica Ambiental por cuanto está en la línea de nuestras conclusiones de análisis del conflicto. Introducir la mediación para la aplicación de las Mejores Técnicas Disponibles es un tema que nos parece de gran relevancia.
Aquí, parte del texto de la Sentencia, en sintonía con nuestras apreciaciones:
"La Sala falla a favor de la empresa competidora, reconociendo su interés legítimo a conocer el estado del procedimiento de revisión de la AAI, precisamente porque entiende que, al estar en una situación fáctica análoga, las repercusiones que se derivan de este expediente de revisión, pueden afectarle de forma directa. En el trasfondo de la decisión se halla también que nos movemos en el ámbito de las mejores Técnicas Disponibles (MTD), que pueden constituir fuertes inversiones económicas de los sujetos obligados a la adaptación; y la circunstancia de movernos en un sector cuya regulación, aunque de origen comunitario y estatal, es aplicada por las Comunidades Autónomas, y cuya divergente interpretación, puede derivar en una desigual aplicación con importantes repercusiones económicas entre empresas del mismo ramo, pero con diferente ubicación".
Información complementaria de interés:
